Cabezas, cabezas, cabezas...

Cuenta Plutarco que cuando Lucio Cornelio Sila renunció al poder, tras años de una dictadura feroz y cruel, se dedicaba a pasear por el Foro como simple ciudadano, exponiendo su persona a los atropellamientos e insultos. Sila había sido un hombre divertido y compasivo al que el poder lo transformó en un déspota, pero ni sus enemigos le negaban, con toda su compleja personalidad, una talla de "homo politicus"excepcional.

Quizás, en los tiempos que corren, sea esta la causa por la que muchos de nuestros políticos, pese a su incompetencia demostrada (no hablemos de deshonestidad), tienen tantas dificultades de ofrecer su dimisión a sus electores: la falta de altura política es compañera de viaje de un miedo paralizante a cruzarse en el futuro por la calle con sus convecinos y someterse a su escrutinio o crítica, y también a sus burlas y venganzas por todas aquellas arbitrariedades cometidas mientras ejercieron como cargos públicos.

Es este un aspecto humano comprensible pero aunque en los ciudadanos no haya operado ese destructivo proceso que, como en Sila, convierte a las personas divertidas y compasivas en déspotas crueles, nuestra compasión no es incompatible con el sentido de justicia. Tenemos también la obligación de señalar esos errores de juicio (vuelvo a insistir: no hablemos de otras podredumbres) que han causado un enorme perjuicio al interés general, al patrimonio de todos y de todas, y a la consideración de lo público, y debemos por tanto exigir su apartamiento de ese "cursus honorum" mal establecido y peor regulado que en la actualidad es la condición política.

Pidiendo la cabeza de a quien la falta cabeza ¿o no?

Hace unas semanas el Secretario Provincial de CCOO, Ignacio Fernández Herrero, y yo mismo, junto a algunos delegados de personal, comparecimos en rueda de prensa ante los medios locales para exigir la dimisión del Alcalde de San Andrés de Rabanedo, Goyo Chamorro, y de su concejala de Servicios, Noelia Álvarez. No era peregrina nuestra decisión. Lo hacíamos acompañando el anuncio de una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de León, que condenaba al Ayuntamiento de San Andrés a aplicar en todos sus términos -salarialmente también- el convenio colectivo que el personal del Servicio de Limpieza de Interiores tenía en el momento en el que se produjo la subrogación del mismo.

María José Saburido, Xosepe Vega, Ignacio Fernández,
Amancio Herreros y Manuel Arias durante la rueda de prensa

Estimábamos que la situación que se abría a partir de ese momento era de una extrema gravedad para el futuro del municipio porque abría un nuevo agujero en la carcomidas arcas del Ayuntamiento que evaluábamos en unos 700.000 euros. Y señalábamos en ello la responsabilidad política de Goyo Chamorro y de Noelia Álvarez, sólidamente asentados sobre los siguientes argumentos:

1. Las CCOO, conscientes de la situación económica del municipio y de su horizonte de intervención al que está abocado, teniendo en cuanto los repetidos incumplimientos de los plazos del Plan de Ajuste municipal, presentaron en diciembre de 2012 una propuesta de negociación de un acuerdo de inaplicación del Convenio colectivo (artículo 82.3 del ET) que incluía la desaparición de dos pagas extraordinarias, la modificación de las tablas del complemento de antigüedad, la equiparación de los complementos de mejora por IT y además la ampliación de la jornada laboral. Todo ello equilibraba el gasto de los Servicios con el nivel de ingresos a través de las tasas específicas. De hecho, no era la primera vez que proponíamos medidas urgentes de corrección.
2. Goyo Chamorro y Noelia Álvarez despreciaron la oferta y, montados sobre el caballo del despotismo silano, decidieron unilateralmente aplicar el convenio colectivo que a ellos les dio la gana. Redujeron las retribuciones del personal de la forma que su orgullo les dio a entender y se dedicaron a enfrentar a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento con unos empleados de Limpieza que únicamente pretendían defender su derecho constitucional a negociar sus condiciones de trabajo, no a mantener las retribuciones que tenían en la empresa concesionaria de los Servicios.
3. En junio de 2013, con ocasión de la pérdida de ultra-actividad de los convenios colectivos, y en diciembre del mismo año, aprovechando las idas y venidas que el proceso judicial estaba llevando, volvimos a intentar la negociación con el Sr. Alcalde para buscar una solución al problema. Reiteramos entonces nuestra disposición a negociar un Acuerdo de inaplicación de convenio colectivo. Seguimos esperando por la llamada comprometida con su respuesta.
4. Tras la sentencia de la Sala de lo Social, la situación se escapa ya del ámbito de capacidad de negociación de las CCOO, puesto que desde el momento en que se dictó sentencia ha quedado establecido el reconocimiento de unos derechos que podrán ser ejercidos a título individual y sobre los que ya no cabe disponer mediante la negociación colectiva. Sigue siendo posible, sin embargo, solucionar la cuestión de futuro. Cuando más tiempo tarden en sentarse en una Mesa de Negociación mayor y mayor se irá haciendo el agujero económico.
5. La huida hacia adelante y el emponzoñamiento del futuro municipal se demuestra en el hecho de que Chamorro & Álvarez siguen empeñados en negar la evidencia de que el artículo 44.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores afectados a que sus relaciones laborales sigan rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión era de aplicación en la empresa y han anunciado un recurso ante Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No se trata de un intento de ganar tiempo. Es peor. Se trata de perder el poco tiempo de vida que le queda al Ayuntamiento de San Andrés.

Goyo Chamorro parece estar hasta el "gorro"de las críticas.
Otros no se cansan de solo criticar. De lo que se trata es de
ofrecer trabajo y alternativas a la ciudadanía.

Preguntados, en ese momento, por los profesionales de la comunicación presentes sobre las soluciones que podría tener el municipio "andresín", señalamos entonces que no había otra que la fusión con León, como medio de garantizar los servicios básicos esenciales. No obstante, dijimos, eran los ciudadanos y ciudadanas de este municipio los que deberían tomar esta decisión y en ningún caso deberían dejársela hurtar como consecuencia de dos factores concurrentes: la incompetencia demostrada de sus representantes políticos para gestionar los asuntos públicos, resolviendo el caos económico de su Ayuntamiento, y las nuevas prescripciones de la Ley de Bases de Régimen Local para aquellos municipios con necesidad de redactar un Plan económico-financiero, entre las que se encuentran la obligación de realizar una propuesta de fusión con otro municipio colindante.

Sobre el asunto de la fusión de municipios

La Concejala de Servicios parece
ignorar que en León, su municipio
vecino, la decisión de recuperar
para la gestión pública el Servicio de
Limpieza no supuso ningún problema
laboral precisamente por el acuerdo
de inaplicación del Convenio Colectivo
al que los sindicatos llegaron con un
equipo de gobierno del que "en este
momento" es su mismo partido.

Al día siguiente de la rueda de prensa, la Concejala de Servicios, maliciosamente, se sorprendía de que CCOO reivindicara la fusión de los municipios de León y San Andrés ya que, según sus palabras, no era "entendible ni coherente que quienes se han manifestado en contra de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local (sic) ahora manifiesten públicamente que defienden la unión de ambos municipios". Esta afirmación del consecuente es una rídícula falacia que podría ser aplicada (cum hoc ergo propter hoc) exactamente de igual manera a la ínclita edil para determinar su propia incoherencia política. Precisamente ha sido su propio partido el que ha apoyado con entusiasmo la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y de este modo Noelia Álvarez, conforme a su planteamiento, debería ser una acérrima defensora de la aplicación de sus medidas, de la fusión de los dos municipios, y por tanto, de la desaparición de la misma identidad de San Andrés.

Además, nuestra "concejala del mes"esconde a la opinión pública no solo cuáles son las razones reales por las que las CCOO se opusieran a esta errática ley (coste efectivo de los servicios, supresión de competencias y de entidades menores, límites en la autonomía para la negociación de las condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas, etc.) sino que expresamente habíamos reivindicado el protagonismo político del pueblo de San Andrés en la toma de dicha decisión, advirtiendo que si llegáramos a esa solución habría de ser como expresión de una voluntad colectiva y no como consecuencia fatal (y hoy ya legal) de un situación económica fabricada por los dos principales partidos del municipio y del Estado. Algunos grupos políticos no lo entendieron y otros, simplemente, no lo quisieron entender.

Ocultaba perversamente también la concejala que la fusión de municipios no es una previsión nueva de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ya preveía la posible fusión de municipios y por tanto hace muchísimos años que los problemas del área metropolitana de León, amasados día a día por decenas de concejales de medio pelo, podrían ser abordados a su amparo, dando una solución democrática, racional y moderna, muy alejada de aquellas absorciones, prácticamente realizadas por decreto, que durante el franquismo condenaron a antiguos municipios, como el de Armunia, a la periferia y al subdesarrollo.

Es por ello que los habitantes de San Andrés deberían considerar si no es eso mismo lo que pretenden. Deberían sopesar si su plan no es arrastrar al municipio a una situación sin salida, a una bancarrota completa en la que los servicios básicos no puedan ser prestados, rasgarse con posterioridad sus hipócritas vestiduras cuando anuncien a la ciudadanía la inevitable fatalidad dictada por la Ley que ellos mismos jalearon y aprobaron, y de la misma manera que pisotearon los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de los Servicios de Limpieza, patalear y escupir sobre el verdadero sentido de la autonomía local: la antiquísima capacidad de los vecinos y vecinas de decidir cómo pretenden gobernar sus asuntos.

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